La Defensoría del Pueblo formuló un llamado a las autoridades del Ejecutivo respecto a la urgencia de adoptar decisiones concretas ante los elevados índices de accidentes de tránsito que se han registrado en todo el país durante el 2022, los mismos que han vuelto a los niveles anteriores a la pandemia, con más 41 000 casos sólo en el primer semestre.

De acuerdo a un informe elaborado por la Defensoría del Pueblo, si bien durante los años 2020 y 2021 hubo un descenso en las cifras de accidentes de tránsito, debido a la inmovilización y otras restricciones que fueron impuestas para frenar el avance del COVID-19, este año la cantidad de casos vuelven a demostrar un panorama similar al del año 2019.

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En efecto, si bien en el 2020 se reportó una de las cifras más bajas, con 57 396 accidentes, seguido de un leve incremento durante el 2021, con 74 624 casos, solo durante los primeros seis meses de 2022 la cantidad de accidentes de tránsito superaba los 41 000 casos, que representaba casi la mitad de las cifras reportadas durante 2018 y 2019, con más de 90 000 casos en ambos periodos.

En lo que concierne a personas fallecidas en accidentes de tránsito durante el primer semestre de 2022, la cifra era de 1573 casos; mientras que la cifra de personas heridas en el mismo periodo representaba casi el 40 % de la reportada durante el 2019, con un total de 26 569 casos. Cabe indicar que a estas cifras debe agregarse el reporte de los últimos 25 años, con más de 2,08 millones de accidentes de tránsito que han dejado más de 1,2 millones de víctimas.

Ante ello, la Defensoría del Pueblo ha recomendado que se priorice una  intervención estatal en todos los frentes necesarios para mejorar la seguridad vial. En cuanto a la conducta humana, se ha requerido mayor exigencia en los requisitos para otorgar y revalidar licencias de conducir y los exámenes de evaluación a postulantes. Asimismo, se ha solicitado establecer contenidos mínimos en los programas de formación que imparten las escuelas de conductores.

En lo que concierne a las condiciones de los vehículos, se ha solicitado que se evalúe la exigencia de luces neblineras, por lo menos en los vehículos de transporte interprovincial, la mayor y más estricta supervisión a las entidades complementarias y que se avance en las propuestas para implementar un proceso de homologación vehicular de las unidades que ingresan al país.

Por su parte, en lo referido a la infraestructura vial, se ha solicitado el establecimiento de controles electrónicos de velocidad en las carreteras, especialmente en las zonas donde ocurre la mayor concentración de accidentes de tránsito fatales y en los tramos que atraviesan zonas pobladas. Asimismo, se ha requerido al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) que efectúe una auditoría al Sistema de Licencias de Conducir por Puntos, al Registro Nacional de Sanciones y al Sistema Nacional de Conductores.

Al hacer un balance de las cifras y de las recomendaciones, la institución informó también de las reuniones que desarrolló la entidad con representantes de diferentes instituciones para recoger sus opiniones y aportes respecto a la propuesta para la creación de un organismo público que lidere el trabajo que se debe realizar en materia de seguridad vial en el país.

Para la Defensoría del Pueblo es impostergable que que los poderes Ejecutivo y Legislativo aborden con urgencia la importancia de mejorar las condiciones para la circulación segura en nuestro país, con metas realistas y estrategias evaluadas técnicamente que tengan un impacto positivo en la preservación de la vida, la integridad física y salud de las personas. Ello exige contar con una entidad que asuma la conducción de la seguridad vial en el país, por lo que continuaremos insistiendo en que se priorice su evaluación y creación.