Un total 3 077 armas de fuego internadas en los almacenes de la Sucamec a nivel nacional siguen investigaciones por ser objeto de delito en actos ilícitos que han afectado la integridad y paz social de ciudadanos. Así lo informó el titular de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), Alberto Balladares.

“En lo que va del año, la Sucamec ha internado un total de 10 915 armas de fuego, de las cuales 3 077 han sido recuperadas por haber sido utilizadas en hechos delictivos. Esto es parte del trabajo articulado que realizamos con la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público en bien del orden interno y la seguridad ciudadana”, indicó.

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El superintendente Balladares detalló que las regiones donde se reportan más armas de fuego judicializadas son Lima y Callao con 1 465, Trujillo con 448, Piura con 333, Chiclayo con 252, Cusco con 107, Loreto con 95, Áncash con 77, Ica con 74, Junín con 74, Cajamarca con 72, Puno con 42, Arequipa con 26 y Tacna con 12. 

Asimismo, explicó que las armas de fuego son recuperadas en intervenciones realizadas por la Policía Nacional a personas que infringen la Ley, donde se levanta un parte policial y se eleva al Ministerio Público para que el arma sea materia de investigación. 

“Antes que se disponga el internamiento en la Sucamec, el arma de fuego debe pasar por un peritaje donde se examinan las características técnicas y estado operacional. Luego se dispone el ingreso a nuestros almacenes hasta que el Ministerio Público emita una resolución y pasen a situación de decomisadas. En ese caso, la Sucamec en el marco de sus competencias, dispone el destino final de las armas de fuego”, puntualizó.       

Dato

Solo en los últimos 30 días, ingresaron 335 armas de fuego judicializadas a los almacenes de la Sucamec a nivel nacional.

Según el Artículo 70 del Reglamento de la Ley N.º 30299, si en 3 años el Ministerio Publico no se pronuncia sobre el arma judicializada, la Sucamec notifica la decisión de declararla en abandono y disponer su destino final. Luego de 30 días hábiles, el Ministerio Público debe pronunciarse a favor o en contra de esta medida.