La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó denuncia constitucional contra el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, mediante un escrito ingresado esta tarde a la mesa de partes del Congreso de la República.

Benavides precisó la acusación por los casos Puente Tarata III y Petroperú, en la que imputa al mandatario los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias para el primer caso y los presuntos delitos de colusión agravada y tráfico de influencias agravado para el segundo.

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En la denuncia constitucional presentada por la titular del Ministerio Público ante el Parlamento se incluye también a los exministros de Estado Juan Silva Villegas, de Transportes y Comunicaciones y a Geiner Alvarado López, de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Lo que señala el Ministerio Público

La formalización de la denuncia constitucional, ante el Congreso de la República, se produce luego de tres meses de investigaciones realizadas por la Fiscalía de la Nación.

“Luego de haber realizado todas las diligencias de urgencia, podemos señalar que los indicios hallados constituyen para el Ministerio Público una sospecha fundada de la comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión en los casos denominados Ministerio de transportes y Comunicaciones (Puente Tarata), Petroperú y Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento”, manifestó. 

En un pronunciamiento, señaló que la suficiencia de los indicios que sustentan la denuncia constitucional se expresa en el descubrimiento de la obtención de beneficios económicos por nombramientos en puestos clave, en el cobro de porcentajes de las licitaciones ilícitamente obtenidas y el uso ilícito de las facultades presidenciales. 

“Por estas razones, en cumplimiento de mis atribuciones constitucionales, hoy presentamos ante el Congreso de la República la denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo Terrones y los demás integrantes aforados de la presunta organización criminal”, refirió.

De acuerdo a las investigaciones, la organización es integrada, entre otros, por los ex ministros de Transportes, Juan Silva, y de Vivienda, Geiner Alvarado, así como por el ex gerente general de Petro Perú, Hugo Chávez.

Benavides Vargas añadió que ahora “es responsabilidad exclusiva y excluyente del Congreso de la República decidir sobre el trámite de la denuncia constitucional en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción” 

Obstrucción a la justicia

En otro momento, advirtió de una “constante y feroz obstrucción a la justicia desplegada por la presunta organización criminal”, que aprovechándose del poder de estar en el Gobierno “amenaza la autonomía del Ministerio Público” y realiza un permanente amedrentamiento su contra y su familia.

“La hostilización contra el equipo especial de fiscales y de la Policía Nacional, entre otros actos, ponen en grave peligro la continuidad de las investigaciones y el descubrimiento de la verdad que todo el pueblo peruano espera conocer”, expresó.

Asimismo, remarcó que las investigaciones que efectúa el Ministerio Público son siempre objetivas, conforme a la ley y respetando todas las garantías del debido proceso. 

“Los fiscales no somos actores políticos sino operadores de justicia. Investigamos a partir de los hechos y no de las personas. Estamos haciendo lo correcto en cumplimiento de las funciones otorgadas por la Constitución y los tratados internacionales”, aseveró.

Concluyó su pronunciamiento indicando que la corrupción socava el orden democrático y atenta contra los derechos humanos, razón por la que el combate contra ese flagelo en todas las esferas del estado debe ser unánime. “Porque solo así la inmunidad no será impunidad. Las peruanas y peruanos merecemos conocer la verdad”, puntualizó.