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Consejo de Estado acuerda medidas que intensificarán lucha contra la inseguridad ciudadana

El Consejo de Estado contó con la participación de la presidenta Dina Boluarte, el presidente del Congreso, el titular del Poder Judicial, el fiscal de la nación, entre otras autoridades.
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Los acuerdos del Consejo de Estado buscan articular esfuerzos entre las distintas entidades del país. Foto: Presidencia.

Los acuerdos del Consejo de Estado buscan articular esfuerzos entre las distintas entidades del país. Foto: Presidencia.
17:55 horas - Martes, 5 Noviembre 2024

La presidenta Dina Boluarte lideró este martes, 5 de noviembre, el Consejo de Estado. En esta sesión se aprobaron medidas destinadas a intensificar la lucha contra la inseguridad ciudadana, mejorar el sistema de justicia, fortalecer el control migratorio y asegurar el crecimiento económico del país.

Los acuerdos buscan articular esfuerzos entre las distintas entidades del Estado, a fin de garantizar la seguridad y bienestar de todos los peruanos.

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¿QUÉ MEDIDAS SE APROBARON?

El Consejo de Estado aprobó la formulación de un marco legal que permitirá a la Policía Nacional del Perú (PNP) y a las Fuerzas Armadas (FF. AA.) el uso de la fuerza en el cumplimiento de sus funciones, estableciendo que sean juzgados en el fuero militar-policial al emplear sus armas de reglamento.

Asimismo, se acordó coordinar entre las entidades la creación de leyes que permitan a los gobiernos regionales y locales destinar recursos propios a la seguridad ciudadana.

Además, se impulsará una ley para regular la situación de docentes vinculados al Movadef, garantizando su alejamiento de los menores y adolescentes.

Por otro lado, para fortalecer a la PNP, se permitirá la contratación de su personal en franco y vacaciones, y se autorizará al Ministerio del Interior la transferencia de recursos a gobiernos locales en emergencia para la compra de logística destinada a la seguridad ciudadana. También se implementará un régimen especial en las compras estatales para la seguridad.

Participaron de la sesión los titulares del Congreso, el Poder Judicial y el Ministerio Público. Foto: Presidencia.

¿QUÉ SE APROBÓ EN EL ÁMBITO JUDICIAL?

En el ámbito de justicia, se ratificó la decisión de mantener y ampliar las unidades de flagrancia, las cuales han logrado más de 7000 condenas. Además, se destinarán recursos para ampliar y construir nuevos penales, y se reorganizará el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Otros acuerdos relevantes incluyen el aumento de sanciones penales para quienes corrompan a miembros de las FF. AA. y PNP, así como la aprobación de leyes para proteger a denunciantes, víctimas y testigos de crímenes graves como el sicariato y la extorsión.

También se habilitará el congelamiento de cuentas bancarias utilizadas para extorsión y se incrementarán las penas para los extranjeros expulsados que reingresen al país de manera irregular.

MEDIDAS PARA EL CONTROL MIGRATORIO

Por otro lado, se aprobó la implementación de políticas migratorias para regular el ingreso y permanencia de extranjeros, así como la fiscalización laboral de extranjeros en el país.

Entre las medidas destaca la regulación del servicio de transporte realizado por personas extranjeras, y se reforzarán los requisitos de ingreso y permanencia en el territorio nacional.

También se fortalecerán los controles en las fronteras y se revisarán las políticas de movilidad humana para migrantes, refugiados y peruanos en el exterior, garantizando una gestión ordenada y segura de los flujos migratorios.

ACCIONES PARA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO

Finalmente, el Consejo de Estado reafirmó su compromiso con el modelo económico establecido en la Constitución, el cual ha impulsado un crecimiento proyectado de 3.2 % para este año y ha fortalecido el desarrollo del comercio exterior.

En este sentido, se aprobaron medidas para consolidar al Perú como un hub portuario y aeroportuario en Sudamérica, contribuyendo a un mayor desarrollo de la economía y el comercio exterior.

Asimismo, se acordó optimizar la distribución y uso de los recursos para mejorar la atención a los ciudadanos en diversas áreas, y se rechazaron las amenazas contra el modelo económico y la industria extractiva.

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