Ocho menores de edad que trabajaban en una fábrica productora de papel, ubicada en Ate Vitarte, fueron rescatados. Es el resultado de una acción y estrategia de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), coordinada con el Ministerio Público, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y la Policía.  

Los menores rescatados (que tienen entre 15 y 17 años de edad) realizaban actividades productivas sin la autorización del Ministerio de Trabajo, constató un equipo de fiscalizadores de SUNAFIL (integrado por 12 inspectores), que intervino las instalaciones de la procesadora de papeles Converflex, junto a las autoridades mencionadas.

Los inspectores de SUNAFIL también observaron que los menores pernoctaban en el mismo lugar donde trabajaban y en condiciones inadecuadas.

Además, se detuvo a 4 personas, quienes serían responsabilizados penal o civilmente por haber hecho uso de mano de obra de menores de edad en forma precaria.

SUNAFIL señaló que podría sancionar al empleador con multas insubsanables, que oscilarían entre las 50 UITS o 192 mil 500 nuevos soles en caso sea una microempresa; 100 UIT o 385 mil nuevos soles si fuera una pequeña empresa; y 200 UITS equivalentes a 770 mil nuevos soles, si se encuentra en la clasificación del régimen general de empresas.

La determinación final de la sanción en el caso resultará -explicaron- de la investigación que realicen los inspectores de SUNAFIL. Tras ponerse a los menores a disposición del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, se ha requerido la entrega de documentos para las verificaciones de las condiciones laborales de todo el personal que labora en dicha fábrica, indicaron.

A través de un comunicado de prensa, SUNAFIL manifestó que viene enfrentando y combatiendo de manera activa la existencia del trabajo infantil y forzoso, en todas las regiones donde ya tiene competencias.

De igual manera, agregan, viene coordinando la presencia de especialistas en inspección laboral con las direcciones regionales de Trabajo, a fin de erradicar esta falta, con operativos de fiscalización y de orientación a empleadores, padres de familia, docentes, y a la población escolar y estudiantil de todos los niveles, para prevenir esta forma de trabajo que vulnera los derechos fundamentales de las personas.