Línea 100 ganó premio por estrategias de atención a mujeres víctimas de violencia durante la pandemia
Nancy Tolentino recibió el premio
Por la implementación de servicios que brindaron ayuda oportuna a mujeres e integrantes de la familia víctimas de violencia, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ganó dos premios de Buenas Prácticas en Gestión Pública 2023 de la organización Ciudadanos al Día.
La línea telefónica gratuita 100 o, simplemente, Línea 100 del programa nacional Aurora del MIMP, recibió el reconocimiento en la categoría "Servicios de atención al ciudadano" por crear estrategias que permitieron brindar ayuda oportuna a víctimas de violencia durante la etapa de confinamiento, a causa de la pandemia de la COVID-19.
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"Recordemos que en la época de la pandemia no fue posible brindar servicios presenciales y los casos de violencia seguían presentándose, incluso, incrementando. Por eso, se decidió implementar medidas para atender a las personas que necesitaban orientación", manifestó la ministra del sector, Nancy Tolentino, tras la entrega del premio.
La Línea 100 registró un incremento de 200% en la demanda de consultas por violencia de pareja, en comparación del mes anterior al inicio de la pandemia.
Ante esta situación y sumado al cierre temporal de los Centros de Emergencia Mujer (CEM), se aplicó estrategias como el acompañamiento psicológico y de seguimiento telefónico para los casos leves y moderados; mientras que, para los casos de riesgo severo, se brindó una intervención oportuna en situaciones de violencia feminicidas para resguardar la vida de las víctimas.
La Línea 100, como primer servicio de entrada de los casos, articuló la atención con los equipos itinerantes de los CEM de modo remoto y con el Servicio de Atención Urgente (SAU). Se configuró una ruta de atención en diferentes turnos y ubicaciones, que facilitó la atención de los casos.
El segundo premio reconoce el trabajo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables por formar parte de un esfuerzo de cooperación pública para la implementación de un Registro único de víctimas y personas agresoras, a cargo del Poder Judicial.