A un año del derrame de cerca de 12 000 barriles de petróleo en el Terminal Multiboyas n.º 2 de la refinería La Pampilla, que afectó más de 11 000 hectáreas y a más de 10 000 familias, la Defensoría del Pueblo pide al Estado una acción articulada y continua, que también incorpore medidas en el mediano y largo plazo, por parte de las entidades competentes para atender los impactos ambientales y sociales, sin perjuicio de las obligaciones de la empresa Refinería La Pampilla S. A. A.

Así lo señaló la institución tras advertir que, en octubre último, se produjo el vencimiento de la declaratoria de emergencia ambiental, sin que a la fecha se cuente con un plan de manejo de mediano y largo plazo que permita dar continuidad a las labores en forma planificada y articulada entre las distintas entidades, considerando que en dicho mes el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) determinó que 71 de los 97 sitios impactados por el derrame continuaban afectados por hidrocarburos.

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“Se requieren realizar monitoreos y estudios permanentes a las zonas afectadas, lo cual permitirá adoptar medidas inmediatas para proteger el ambiente y la salud, más aún cuando estamos en temporada de verano y de oleajes anómalos”, señaló Lissette Vásquez, adjunta para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, tras recordar que se encuentra pendiente que la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa) del Ministerio de Salud (Minsa) realice evaluaciones sanitarias que consideren estándares internacionales de hidrocarburos para playas de uso recreacional, teniendo en cuenta que 25 playas de uso recreacional fueron afectadas.

Vásquez también recordó la importancia de concluir los estudios que permitan conocer los reales impactos y riesgos respecto a la actividad pesquera y a los recursos hidrobiológicos, que permitan al Ministerio de la Producción y al Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes) evaluar y, de ser el caso, disponer las medidas que correspondan para proteger el derecho a la salud de la población.

Otro reto pendiente está referido a las compensaciones justas a más de 10 000 personas (pescadores y personas dedicadas a negocios vinculados a la actividad marítima) que resultaron afectadas directa e indirectamente por el derrame. Al respecto, la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad ha señalado la necesidad de acelerar las negociaciones, y viene atendiendo las solicitudes de diversas asociaciones de afectados, en virtud de las cuales viene acompañando los procesos de negociación. En este aspecto, la Defensoría del Pueblo sostiene la importancia de que las partes respeten el principio de buena fe y transparencia.

Finalmente, la institución señala que, desde hace seis años, viene alertando respecto de la necesidad de mejorar el marco normativo para una adecuada atención de los impactos sociales producidos en el contexto de emergencias ambientales, y aún se encuentran pendiente de cumplimiento las recomendaciones formuladas al respecto. Asimismo, sostiene que se requiere mejorar el marco normativo que regula las declaratorias de emergencia ambiental, a fin de lograr una adecuada articulación con el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, entre otros.