Las principales provincias petroleras y gasíferas de Argentina amenazan con cortar en pocos días el suministro al resto del país por una disputa de fondos federales con el presidente Javier Milei, cuyos ajustes fiscales impactan en los gobiernos locales.

"El miércoles no va a salir ni una gota de petróleo si no respetan de una vez por todas a las provincias y nos sacan el pie de encima", dijo Ignacio Torres, gobernador de Chubut.

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Torres y sus pares de la región austral de la Patagonia (Tierra del Fuego, Santa Cruz, Río Negro, La Pampa y Neuquén) anunciaron el viernes que "si el Ministerio de Economía no le entrega a Chubut sus recursos, entonces Chubut no entregará su petróleo y su gas", al referirse al cobro inconsulto a esa provincia de una deuda, ordenado por Milei.

JAVIER MILEI RESPONDE

Por su parte, Milei trató de "degenerados fiscales" a los gobernadores que apoyaron el reclamo de Chubut, por un recorte de 13.500 millones de pesos (15,3 millones de dólares) en las transferencias mensuales que le corresponden al distrito de toda la recaudación de impuestos federales.

"Es un conflicto inédito por su volumen. Hay una rebelión de las provincias y una apreciación equivocada de Milei sobre el nivel de conflicto que puede entablar el Estado nacional con distintos actores", dijo a la AFP el politólogo Artemio López. 

Chubut recibió también el respaldo de nueve provincias administradas por aliados de centroderecha cuyos diputados frustraron este mes la aprobación de la "Ley Ómnibus" con la que Milei pretendía introducir fuertes recortes fiscales y reformas ultraliberales.

Según López, el presidente "acierta cuando confronta con el Congreso, porque la opinión ciudadana es muy crítica del Poder Legislativo. Pero no es lo mismo confrontar con gobernadores. La mayoría ha sacado un porcentaje de votos mayor que él en la última elección".

La disputa de Milei con los gobernadores se desata una semana antes de la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, el 1 de marzo, y en medio de un clima de crecientes protestas por la subida de precios y tarifas de servicios públicos y por el recorte de la asistencia a comedores comunitarios.