La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión condenaron el desalojo de manifestantes en las instalaciones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), en Lima.

Asimismo recordaron al Estado sus obligaciones sobre el uso excepcional de la fuerza pública, basado en los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad. A la vez, urgieron a garantizar la inviolabilidad del espacio académico.

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Según la CIDH, el Estado informó que el operativo policial se realizó, de oficio, luego de que el apoderado legal de la universidad presentara una denuncia por agresiones y robo contra el personal de seguridad de la universidad.

El CIDH señaló que los hechos se enmarcan en la crisis política y social iniciada el 7 de diciembre y que ha sido monitoreada de manera cercana, incluyendo una visita de observación al país en enero del 2023.

En ese contexto, la Comisión reiteró el llamado urgente a que el Estado invierta todos sus esfuerzos en una solución de la crisis por medio de un diálogo amplio, sincero, e inclusivo que reconstruya la confianza de la población y con el más alto apego a los derechos humanos.