La  Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) pidió este miércoles al Estado peruano se abstenga de ejecutar la resolución del Tribunal Constitucional (TC) que dispone la liberación del expresidente Alberto Fujimori, quien cumple 25 años de cárcel por los casos Barrios Altos y La Cantuta.

El documento solicita que no se ejecute el fallo hasta que la Corte IDH analice si la decisión cumple con las condiciones necesarias. Asimismo, para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas.

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"Requerir al Estado del Perú que, para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, se abstenga de ejecutar la orden del Tribunal Constitucional del Perú de 4 de diciembre de 2023, en donde se ordenó la “inmediata libertad” de Alberto Fujimori Fujimori, hasta tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuente con todos los elementos necesarios para analizar si dicha decisión cumple con las condiciones establecidas en la Resolución de la Corte de 7 de abril de 2022", se lee en el texto.

Esta resolución será notificada al Estado peruano, a los representantes de las víctimas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

ALBERTO FUJIMORI: ANTECEDENTES DEL INDULTO

El 24 de diciembre de 2017, el entonces jefe de Estado, Pedro Pablo Kuzcynski, otorgó el indulto a Fujimori por razones humanitarias. Sin embargo, esta decisión fue anulada por la Corte Suprema en el 2018, al considerar que la gracia presidencial carecía de efectos jurídicos.

En ese momento, la defensa de Fujimori Fujimori, a cargo del abogado César Nakazaki, presentó un recurso de hábeas corpus ante el TC para lograr la excarcelación del exmandatario.

El 17 de marzo de 2022, el TC decidió restituir el indulto al expresidente. No obstante, en abril de ese año, la Corte IDH emitió un fallo en donde señaló que el Estado peruano “debe abstenerse” de liberar al expresidente Alberto Fujimori.

La entidad supranacional argumentó la decisión señalando que la anulación del indulto garantiza "el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta".

El caso se volvió a reavivar este año, cuando el TC resolvió el último 28 de noviembre una aclaración solicitada mediante un habeas corpus por la defensa del expresidente Alberto Fujimori. 

Posteriormente, el 2 de diciembre, el juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica, Fernando Fernández, señaló que no tenía la competencia para realizar la ejecución de una sentencia y devolvió el expediente al TC, quien terminó dando luz verde al indulto hoy 5 de diciembre.