El ministro de Justicia y Derechos Humanos, José Tello Alfaro, afirmó hoy que el compromiso del gobierno es conducir una transición política con los brazos extendidos a todos los actores legítimos, sobre la base del diálogo.

El titular del MINJUSDH participó esta mañana, de manera virtual, en el acto de presentación del Informe del Estado peruano ante el Cuarto Ciclo del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con un discurso en el que expuso la visión del gobierno sobre el contexto de movilizaciones sociales en el país y la situación política, y a través del cual reiteró, como primer punto, sus más sinceras condolencias a las familias de las personas fallecidas en las protestas recientes. 

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Dijo que parte de los fundamentos de las protestas sociales responden a exigencias de reformas políticas y electorales, como el adelanto de elecciones generales que, por iniciativa del Ejecutivo, podrán realizarse en abril de 2024. Recordó que esta propuesta ha sido aprobada en primera votación calificada en el Parlamento, en tanto resta una segunda, para cumplir con el requisito legal necesario.

Indicó además que el Estado peruano es muy consciente de que cualquier salida a la crisis actual pasa por el establecimiento de un diálogo amplio, guiado por la búsqueda de acuerdos y el respeto al Estado de derecho, y que el gobierno tiene la más sincera y firme voluntad de estrechar vínculos con las poblaciones afectadas y de recomponer los espacios de interacción y generación de confianza.

Al hacer referencia a las acciones de su sector para salvaguardar los derechos humanos ante los acontecimientos recientes, destacó que se haya invitado a la Defensoría del Pueblo y a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos a ser parte del espacio constituido con el fin de dar apoyo multisectorial a los deudos de las personas fallecidas y a los heridos de gravedad en las protestas de diciembre y enero.

Refirió que esta Comisión Multisectorial cuenta ya con un listado preliminar de 29 fallecidos, y que también se cuenta con una comisión similar para atender las afectaciones a los miembros de la Policía Nacional.

Resaltó también la participación de la Defensa Pública del MINJUSDH con sus servicios de asistencia legal en el marco de las movilizaciones sociales, para garantizar el derecho a la defensa. Dijo que, en lo que va de enero, defensoras y defensores públicos han actuado en 260 intervenciones y han asumido 112 patrocinios, centrando su atención en poblaciones en estado de vulnerabilidad.

Aludió, asimismo, al diálogo desde el enfoque de derechos humanos, que ha implicado desplazamientos del sector a Ayacucho y Juliaca, zonas de mayor afectación, para involucrar a autoridades regionales y locales en mesas de trabajo, convocando a actores de la sociedad civil, entidades religiosas y al sector empresarial, así como a los órganos del sistema de justicia.

Remarcó, luego, que, en aras de asegurar el derecho a la verdad, el Ejecutivo brinda todas las facilidades al Ministerio Público para las investigaciones que ha iniciado y las que resulten necesarias para identificar y, de ser el caso, procesar y sancionar, de manera célere, a los responsables de las afectaciones a los derechos humanos, a la vida, a la integridad y a la propiedad pública y privada.

Detalló que las acciones violentas afectan el derecho a la salud, al acceso a la justicia, el derecho al trabajo y a la libertad de pequeñas, medianas y grandes empresas; el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad de tránsito.

Afirmó que las acciones adoptadas para restablecer el orden público se han realizado con plena sujeción a las obligaciones constitucionales e internacionales, acatando protocolos de actuación operativa destinados a evitar el uso desproporcionado de la fuerza.

Durante su exposición, destacó la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el país, así como la visita oficial de un enviado especial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, por invitación del Gobierno peruano.