Después de que la justicia brasileña negara la libertad al preparador físico Sebastian Avellino, quien viene cumpliendo prisión preventiva en Sao Paulo acusado de gestos racistas con hinchas de Corinthians, Universitario de Deportes emitió un nuevo comunicado en sus redes sociales en los enfatizaron que se enfocarán en el "ser humano" y en el "estricto respeto de sus derechos fundamentales". 

"Nuestra prioridad como club en este momento es el ser humano y el estricto respeto de sus derechos fundamentales. Buscamos que esta situación, que consideramos ha sobrepasado los límites y se está manejando de manera desproporcionada, llegue pronto a resolverse", se puede leer en parte de la misiva. 

En el comunicado, Universitario señala que, durante el partido en el Neo Química Arena, en Sao Paulo, el plantel y el comando técnico "fueron víctimas de agresiones verbales violentas", lo que generó una reacción de Avellino.

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"Esta acción provocó una reacción que terminó con la privación de libertad de nuestro preparador físico Sebastián Avellino. En esta circunstancia como institución consideramos que nos corresponde concentrar nuestros esfuerzos en garantizar la salud y bienestar del profesor Avellino, como lo haríamos con cada uno de sus trabajadores", refirió.

Universitario considera que esta situación se ha manejado de manera "desproporcionada" y confían que pronto llegue a resolverse. 

"Somos una institución deportiva integrada por profesionales de distintas disciplinas dedicados al sano entretenimiento, nuestros trabajadores no son delincuentes", acotaron.

EL TÉCNICO DE UNIVERSITARIO ESTÁ AFECTADO

La 'U' señaló también que el técnico Jorge Fossati está apenado por la situación de Sebastián Avellino, con quien trabajado en los últimso 13 años. 

"Fosatti se encuentra muy afectado por la situación del preparador físico con el que ha trabajado más de una década en diversos continente, dejando siempre las mejores referencias en los equipos donde brindó sus servicios", apuntó.

Sebastian Avellino enfrenta una pena de hasta 4 años, según la justicia brasileña.