La Policía Nacional y el Ministerio Público detuvieron esta madrugada a 30 presuntos integrantes de la organización criminal “Los verdugos de San Martín”, dedicados al robo agravado, extorsión, sicariato, tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, corrupción de funcionarios y tráfico de influencias.

El ministro del Interior, Mauro Medina, indicó que este megaoperativo se ejecutó tras 10 meses de investigación y constituye un golpe contundente contra el crimen organizado en la región San Martín. “A partir de estas detenciones y lo incautado contra Los verdugos de San Martín se inicia una segunda etapa de investigación que nos debe llevar a mayores detenciones”, añadió.

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Las fuerzas del orden hicieron valer la orden de descerraje para 38 inmuebles en Moyobamba, 7 en Juanjuí, 3 en Tarapoto y uno en la región de Amazonas. Al mismo tiempo, se hizo una requisa extraordinaria en 9 celdas de Juanjuí y una en el penal de Tarapoto.

De acuerdo con las investigaciones policiales, “Los verdugos de San Martín” se encuentran vinculados con al menos 26 robos agravados y nueve homicidios calificados perpetrados desde el 2016 a la fecha. Entre sus filas fueron contabilizados un total de 17 reos en cárcel.

El rango de acción de la organización criminal incluía las provincias de Rioja, Moyobamba, Lamas, San Martín, Picota, Bellavista, Huallaga y Mariscal Cáceres, en la región de San Martín. De igual forma, había extendido sus actividades ilícitas por la provincia de Bagua, en la región Amazonas.

“Los verdugos de San Martín” estarían liderados por Segundo José Quispe Pérez (49), más conocido en el mundo del hampa como Cojo Quispe o Pelao Quispe. Este sujeto fue detenido por la PNP en Moyobamba.

Entre sus hombres de confianza figurarían los hoy presos Leandro Carranza del Águila (28), alias Leandro; y Mender Pizango Dahua (41), alias Chino. A ellos se les atribuye el rol de lugartenientes desde sus celdas en el penal de Juanjuí.

La organización criminal, según la PNP, contaba con el apoyo de miembros de la propia Policía Nacional y de la Fiscalía de la Nación para delinquir con impunidad. Los funcionarios y servidores públicos alertaban a los integrantes de operativos o investigaciones en su contra, a cambio de un beneficio económico.