El presidente de la República, Martín Vizcarra, clausuró esta tarde la VIII Cumbre de las Américas, en la cual se aprobó el Compromiso de Lima, un acuerdo para enfrentar la corrupción. Vizcarra sostuvo que dio por concluida la cumbre con la satisfacción de haber respondido con propuestas concretas frente a las demandas de la población de las Américas.

El jefe del Estado destacó que en la cumbre se ha forjado una alianza regional contra la corrupción, a la que se ha respondido afirmativamente.

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Dicha alianza, dijo, tendrá como base la decisión y voluntad política de cada gobierno de la región para cooperar y trabajar en la construcción de un enfoque preventivo y disuasivo, y   una política de tolerancia cero ante los actos de corrupción.

Bajo esa premisa, precisó, se han identificado diez compromisos anticorrupción.

1. Fortalecer las instituciones democráticas, la autonomía e independencia judicial para la prevención y combate de la corrupción en el hemisferio.

2. Reforzar el papel de la educación en valores democráticos y cívicos para prevenir la corrupción.

3. Fortalecer los órganos de transparencia y acceso a la información pública sobre la base de las mejores prácticas internacionales aplicables.

4. Promover el uso de nuevas tecnologías que faciliten el gobierno digital, la transparencia fiscal y la participación ciudadana, e impulsar un programa de interamericano de datos abiertos.

5. Proteger a los denunciantes, testigos e informantes de actos corrupción, así como el trabajo de periodistas y personas que investigan estos actos.

6. Fortalecer medidas que promuevan transparencia, rendición de cuentas, contabilidad apropiada y bancarización de ingresos de los partidos políticos, en especial en campañas electorales.

7. Promover el uso de sistemas electrónicos para compras gubernamentales, contrataciones de servicios y obras públicas para asegurar la transparencia, seguridad, veeduría ciudadana y efectiva rendición de cuentas.

8. Implementar disposiciones de convenciones de Naciones Unidas contra la corrupción para combatir el soborno de funcionarios públicos nacionales y extranjeros.

9. Promover amplia cooperación de autoridades judiciales, policiales, fiscalías, unidades de inteligencia financiera, autoridades administrativas, en investigaciones y procedimientos relacionados con delitos de corrupción, lavado de activos, soborno y cohecho.

10. Profundizar la participación de los estados en iniciativas contra el lavado de activos, a través de la prestación de la más amplia y pronta asistencia en la identificación, rastreo, embargo preventivo, confiscación decomiso y recuperación de activos.