Política

Perú y doce países de América Latina exigen cese de violencia en Nicaragua

7:20 horas - Martes, 17 Julio 2018

Los Gobiernos de Perú, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Uruguay expresaron su preocupación por la violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y su más firme condena a los graves y reiterados hechos de violencia que se vienen produciendo en Nicaragua.

Esos actos de violencia han provocado hasta la fecha la pérdida de más de 300 vidas humanas y centenares de heridos, la represión y violencia contra estudiantes y miembros de la sociedad civil, así como la tardanza en brindar asistencia médica urgente a los heridos.

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En ese sentido, exigieron el cese inmediato a los actos de violencia, intimidación y amenazas dirigidas a la sociedad nicaragüense y el desmantelamiento de los grupos paramilitares.

Asimismo, instaron a reactivar el diálogo nacional dentro de un clima de respeto a las libertades fundamentales, que involucre a todas las partes para generar soluciones pacíficas y sostenibles y el fortalecimiento de la democracia, los derechos humanos y el estado de derecho en ese país.

Además, informaron que apoyan a la Conferencia Episcopal de Nicaragua para que continúe sus trabajos en pro de la búsqueda y promoción de soluciones del conflicto y en el respeto de los derechos humanos de los nicaragüenses.

También, agradecieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por las visitas realizada a Nicaragua para investigar los sucesos e instaron al gobierno de Nicaragua a cumplir con las 15 recomendaciones formuladas; y a colaborar con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI);

Finalmente, hicieron un llamado al Gobierno de Nicaragua y otros actores sociales para que demuestren su compromiso y participen constructivamente en negociaciones pacíficas con resultados concretos que aborden los desafíos fundamentales del país, de forma pacífica, incluido el fortalecimiento de las instituciones democráticas, la implementación de las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la OEA y la celebración de elecciones libres, justas y oportunas, en un ambiente libre de miedo, intimidación, amenazas o violencia.



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