Mediante este sistema, todos los ciudadanos, incluidos los funcionarios o servidores públicos que presenten denuncias de actos de corrupción en la administración pública, recibirán protección y beneficios legales siempre que estas sean admitidas y calificadas.
Como parte de esa protección, la identidad del denunciante y el contenido de la denuncia serán confidenciales y estarán protegidos por el principio de reserva.
Asimismo, aquellos funcionarios o servidores públicos que presenten una denuncia que sea admitida y calificada no podrán ser destituidos, despedidos o removidos del cargo como consecuencia de la denuncia, tal como establece la Ley de Protección al Denunciante (Ley 29542).
(Fuente Andina)
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